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Definiciones

¿Qué es un Procurador?

El Procurador de los Tribunales, es un profesional liberal e independiente, Licenciado en Derecho. Su misión esencial se concreta en la representación de las partes ante los Órganos Jurisdiccionales y en el deber primordial de colaborar con los mismos, en la noble función pública de administrar Justicia.

De esta manera podemos decir que concurren en dicho profesional dos facetas:

La pública, que desarrolla ante los Órganos Jurisdiccionales, y la privada, como representante de la parte a la que se vincula mediante un contrato de mandato.

Un Compromiso

Su cooperación con el órgano judicial.

Por tal circunstancia y el hecho de desarrollar su actividad ante el Órgano Jurisdiccional, nuestros Estatutos (art. 11) establecen: "Es deber primordial del Procurador colaborar con los órganos jurisdiccionales en la noble función pública de administrar Justicia."

Una Función

La representación y la postulación.

Su ejercicio se consagra en uno de los dos principios básicos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que separa en dos profesionales diferentes la defensa y la representación, estableciendo la exclusividad de la primera para la Abogacía y la segunda para la Procura.

La explicación de que al Procurador se le confíe con exclusividad la representación, se encuentra en las mismas características que el legislador le ha impuesto como de obligado cumplimiento para ejercer la profesión. Por estos requisitos, precisamente, está vinculado al Órgano Jurisdiccional.

En otras palabras, lo que persigue el legislador es que la representación sea ejercida por un profesional fiable y con una vinculación específica al Órgano Judicial. Por ello, a diferencia de cualquier otro operador jurídico externo, el Procurador es al único a quien se le exigen los siguientes requisitos para ejercer:

  1. Licenciatura de Derecho.
  2. Título ministerial.
  3. Colegiación.
  4. Juramento ante la autoridad judicial.
  5. Fianza.
  6. Territorialidad.
  7. Residencia.
  8. Regulación de ausencias, con posibilidad de baja automática a los 6 meses.
  9. Arancel.
  10. Responsabilidad económica para gastos.
  11. Libros oficiales.
  12. Renuncia sujeta al seguimiento del negocio
  13. Oficiales habilitados.
  14. Liquidación de despachos.
  15. Penalización por cobro indebido de derechos.
  16. Obligación de llevar el turno de oficio.

Con respecto al resto de normas de riguroso cumplimiento, destaca la responsabilidad que comporta, "hacer lo que requiera la naturaleza del negocio cuando no tenga instrucciones o no fueran suficientes las emitidas por el mandante".

Al mismo tiempo, los procuradores, están autorizados para valerse de Oficiales Habilitados, los cuales deberán reunir las condiciones exigidas por la legislación.