Sevilla Flores Blog

La comunidad postganancial nace cuando la sociedad de gananciales se disuelve y se mantiene hasta que se liquide. Mientras tanto funciona de manera parecida a una comunidad hereditaria, puesto que cada partícipe ostenta una cuota abstracta sobre el “total” ganancial, pero no una cuota concreta sobre cada uno de los bienes integrantes del mismo.

Este tipo se comunidad es frecuente en los casos de muerte de uno de los cónyuges, caso en que los partícipes son el supérstite y los herederos del premuerto, en que tal comunidad se suele mantener hasta la muerte del viudo y viuda, de tal modo que se reparten los herederos las herencias de ambos padres, pero mientras tanto estamos ante un periodo conflictivo y peligroso.

A menudo nos encontramos con conductas delictivas: cualquiera de los partícipes puede cometer el delito de apropiación indebida caso de disposición del dinero común en su exclusivo y personal beneficio.

La STS 9-10-2009 (nº 997/2009, EDJ 2009/251506) trata sobre un supuesto en que la sociedad postganancial estaba integrada por los acusados, hijos del cónyuge fallecido, y la mujer de éste. Los hijos acusados trasladaron importes de titularidad postganacial a depósitos bancarios de su titularidad exclusiva, y luego dispusieron de estos importes en su exclusivo personal beneficio y, actuando de esa manera, causaron un perjuicio al patrimonio de la comunidad postganancial, titularidad en parte de la viuda.

Los hijos son condenados por un delito de apropiación indebida. Otro caso para los procuradores de Murcia, Sevilla Flores.

La mala fe procesal se ha definido como aquella conducta que no tenga otro propósito que el de dilatar artificialmente el procedimiento; que no guarde coherencia con la conducta de la parte expresada en actuaciones anteriores. Habrá abuso cuando se utilice un derecho procesal con una finalidad distinta a la que le es propia, extravasando los límites institucionales del propio derecho subjetivo, y habrá fraude procesal, cuando empleando una norma de cobertura, que dé apariencia de licitud al acto de que se trate, se pretenda eludir el cumplimiento de una norma imperativa, como, por regla general, son todas las que disciplinan los actos procesales”.

Se hace mucho.

Hace poco hemos recibido una resolución que aplica esta doctrina.

La extracto:

Pues bien, en este caso estamos ante un caso paradigmático de mala fe procesal, pues los concursados realizan un acto directamente tendente a paralizar el proceso, acto que contradice a su vez la presentación de la lista de acreedores con su solicitud y el hecho de no impugnar la lista de acreedores definitiva, en ambos escritos aparece el crédito de una entidad bancaria, y no se dice nada al respecto. Es ahora justo cuando se van a subastar sus bienes en el final de la fase de liquidación, cuando casualidad, 5 años después descubren que el banco que le dio el crédito ha obrado de forma ilegal.

Toda esta práctica obedece al fin torticero que se utiliza en algunos concursos, sobre todo de persona física, de utilizar el concurso como instrumento fraudulento, es decir simple y exclusivamente para paralizar las ejecuciones pendientes sobre el patrimonio del concursado, y así evitar el despojo del patrimonio.

Si observamos la denuncia presentada ante el juzgado de instrucción que quiere paralizar la subasta, no se aprecia ningún hecho o motivo que justifique por qué se espera hasta el año 2014 para presentar esta denuncia, por lo que claramente estamos ante una denuncia con un solo motivo paralizar la subasta y, por ende, el procedimiento concursal, con claro perjuicio a los acreedores. Por todo ello, se considera que la petición de los concursados es claramente contraria a la buena fe procesal, pues utiliza el cauce del Art.40 Lec justo en el momento en que va a consumarse la finalidad del procedimiento concursal, venta de activos para satisfacer los intereses de los acreedores, por todo ello es merecedor de una multa que dada la finalidad de la actuación del concursado, demorar el cobro por los acreedores debe fijarse en la cuantía de 1.000 €.

Como es de suponer, esta actuación procesal no sólo se puede imputar a los concursados, sino sobre todo a la persona que ostenta la dirección procesal del asunto, por lo que una vez firme esta resolución dese traslado al Colegio de Abogados por si las actuaciones fueran constitutivas de corrección disciplinaria por el Colegio de Abogados respecto del letrado director del procedimiento desde la solicitud de concurso hasta la solicitud de suspensión de la subasta.

Lo de la multa creo que va a servir de poco, se impone a los concursados que no la van a pagar.

Lo de culpabilizar al letrado… es algo que no hacemos los procuradores de murcia.